Nueva Vuelta de tuerca de la Junta de Andalucía

Tras haber sufrido sucesivos recortes en nuestros salarios por el gobierno anterior y el actual y tras haber perdido la paga extra de diciembre de 2012, en esta ocasión nos vemos afectados con más descuentos aún en nuestros salarios en caso de enfermedad con incapacidad temporal. Pero esto no acaba aquí ya que la Junta de Andalucía está a punto de aprobar una Orden en la que se establece el número de días tope para los que, en caso de enfermedad sin incapacidad temporal, no se apliquen los descuentos citados. Pues bien resulta que la Junta quiere establecer que estos sean un máximo de “cuatro días por año natural”.

Se da la circunstancia de que la Ley estatal (Ley 17/2012 de Presupuestos Generales) deja en manos de las autonomías la competencia de aplicar los descuentos por enfermedad sin incapacidad temporal, con cierto margen de acción. Margen que en nuestra opinión la Junta ha aplicado con la mayor rigurosidad que podía haber hecho. ¿Quién no sufre una gripe u otra enfermedad común una vez al año que le incapacite para ir a trabajar 4 días?. Por lo tanto, con esta norma, estos descuentos por enfermedad en nuestros sueldos están prácticamente asegurados.

 Esta normativa referente a los descuentos por días de enfermedad aboca a los profesores (como a todos los funcionarios) a asistir al centro de trabajo en condiciones de salud deficiente, ya que nuestros depauperados sueldos no admiten mayor adelgazamiento. Esto no va sino a repercutir negativamente en nuestra calidad de vida y en nuestras condiciones de trabajo. Se crea así una situación que para nosotros vulnera derechos fundamentales. Si leemos el artículo 43, apartado 2 de la Constitución podemos leer: “Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas…… “. ¿Podemos pensar que en este contexto se va a favorecer la toma de medidas preventivas?, ¿Tendría sentido que un trabajador al que las normas preventivas le recomiendan quedarse en casa para no transmitir una enfermedad infecciosa, sea a la misma vez penalizado con un descuento económico por actuar en la forma correcta?. No olvidemos que el caso de enfermedades infecciosas es de especial relevancia en el colectivo de la educación por el elevado número de personas en un mismo espacio, lo que facilita los contagios. ¿Se han considerado estas situaciones al elaborar la normativa que se quiere aprobar?. De no ser así puede darse lugar a situaciones totalmente contradictorias por parte de la administración.

 Pero aún podemos ir más allá ¿No podemos pensar que estas normas entran en contradicción con los Planes de Prevención de Riesgos Laborales?. Planes que la Junta de Andalucía, en las circunstancias dadas, tiene la desfachatez de querer promover en los centros. Podemos preguntarnos si la administración autonómica hace lo necesario para que los centros de trabajo sean lugares realmente salubres, pensemos en el caso de las temperaturas. ¿Están los centros suficientemente acondicionados en este aspecto?. De no estarlo, lo que ocurre en muchos casos, este sería un factor de riesgo para enfermar por catarros y gripe. ¿Cómo se va a penalizar a un profesor por padecer una enfermedad a la cual la propia administración ha contribuido?. Frente a estas evidencias es difícil que sea creíble que la Junta de Andalucía pueda tener el más mínimo interés en promover la salud de sus empleados, en esta caso de la enseñanza. Ante esta flagrante vulneración de derechos de los trabajadores echamos en falta acciones rotundas de los sindicatos, los cuales se han limitado hasta ahora, por lo que conocemos, a manifestar tibiamente su desacuerdo con esta futura norma. Pensamos que es preciso que emprendan ya acciones legales para la retirada de esta normativa.

Manifestamos que nos parece de una total desconsideración, incluso una vileza, el utilizar la salud de los trabajadores como medida de ahorro económico. Más bien habría que hacer todo lo contrario, apoyar a las personas que realmente enfermen y perseguir y penalizar al que se compruebe que comete fraude. Opinamos que es posible recurrir a otras alternativas para el ahorro económico, es cuestión de realizar una gestión eficaz de los recursos y un ahorro en los gastos que no sean imprescindibles. Esto implica por supuesto más acción de gestión y menos de política especulativa.

 Por otra parte se pone en evidencia el enorme cinismo de la Junta de Andalucía que mientras manifiesta a la opinión pública su contrariedad por tener que aplicar estas medidas que le vienen impuestas, luego las aplica con un excesivo celo y con mayor rigor que la administración central. Cinismo que queda bien patente al comprobar que cuando el Gobierno Central no pretende eliminar más pagas extra a los funcionarios en 2013, la Junta de Andalucía pretende seguir aplicando recortes en las paga extra y adicional de junio y diciembre según recoge en la Ley 3/2012 (BOJA 1 de octubre).

 Por todo lo aquí expuesto manifestamos nuestro rotundo rechazo a estas medidas de ahorro por motivos de salud del Gobierno Central y de la Junta de Andalucía y pedimos su inmediata retirada y su modificación por otras alternativas más dignas y que no hagan recaer siempre sobre los mismos, los funcionarios, el peso de la carga para la reducción del déficit económico, del cual no nos sentimos en absoluto responsables.

(De nuestro compañero Andrés Mejía)

A cuestas con el neoliberalismo

El problema más grave en la actualidad no es que partidos políticos de tendencia neoliberal y conservadora y otros grupos sociales de presión estén atacando y destruyendo el estado de bienestar, lo que por grave que pudiera ser no debería extrañarnos. Mucho peor es asistir a que partidos políticos de izquierda y grupos autoproclamados progresistas sean los que estén contribuyendo de forma clara y precisa a la destrucción del modelo del estado del bienestar, en general, y de la sanidad y la enseñanza públicas en particular.

En educación, concretamente, se hace una política neoliberal, por ejemplo, cuando se insiste en la descentralización y se intenta desacreditar las medidas, normativas y leyes de carácter estatal en favor de las presentadas por los gobiernos autonómicos. Son ideas enmarcadas dentro de un plan para evitar la existencia de un Estado fuerte.

Cuando se insiste en la idea de autonomía de los centros educativos, ocultando que en realidad de lo que se trata es de dar mayor autonomía y poder a los directores. La idea cobra su máxima expresión cuando se pretende acabar con la figura del funcionario público de educación ideando que sea el propio director el encargado de la contratación del profesorado.

Cuando se insiste en la idea de libertad de elección de centro por parte de las familias con la idea de provocar la competencia entre los centros instaurando mecanismos de evaluación y publicación de resultados.

Cuando se potencian los conciertos educativos para centros privados mientras se desprestigia la educación pública. En un primer momento se critica la enseñanza pública con la idea de demostrar su inutilidad e ineficacia para luego ensalzar el sector privado.

Cuando se insiste en nuevos modelos de gestión para los centros educativos basados en una cabeza visible responsable tanto de aspectos técnicos como de aspectos puramente pedagógicos. Con el sistema anglosajón como modelo a seguir, en el que el director es un auténtico gerente, se acaba de un plumazo con los procesos democráticos de elección de directores por parte de los claustros de profesores.

Cuando se quita poder a los claustros en favor de los Consejos Escolares. Para ello se toma como disculpa la intervención de las familias en los centros educativos como garantía de práctica democrática. Sin embargo, lo verdaderamente democrático, y por lo que se luchó durante muchos años hasta conseguirlo, fue la elección de los directores directamente por parte de los claustros de profesores. Los padres de alumnos pueden y deben participar y colaborar con los centros educativos en la formación y educación de sus hijos, pero no hay razón por la que las familias tengan que tomar decisiones y gestionar los centros usurpando la labor de los profesionales de la educación. Participar, sí, gestionar, no.

Cuando se intenta asociar el salario de los profesores a los resultados académicos de sus alumnos, como hace el impresentable Plan de Calidad de la Junta de Andalucía.

Ni que decir tiene que muchas de estas ideas están incluidas en leyes y normativas que han sido aprobadas tanto por el gobierno central como por los autonómicos, durante el mandato socialista y durante el popular, tanto por el PP como por el PSOE, y además, guste o no admitirlo, en la mayoría de los casos se ha hecho con el beneplácito de los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT. Cuando se habla, pues, de política educativa neoliberal la pregunta más bien es ¿quién no la hace o quién no la ha hecho? Y, desde luego, se hace imprescindible luchar contra ella venga de donde venga y la haga quien la haga.

El continuóse del empezóse

Se oyen ahora voces de alarma por todos lados sobre el peligro que corre la enseñanza pública. Pareciera que ese peligro acabara de aparecer, pero nada más lejos de la verdad. Como diría Mafalda esto “no es el acabóse. Es el continuóse del empezóse vuestro”.  Más bien sea que muchos de los que ahora se alarman han estado ciegos, ellos sabrán las causas, a la destrucción lenta y constante que lleva sufriendo la educación en nuestro país. Por ejemplo, hasta ahora no ha considerado necesario plantear unas jornadas de protesta, con huelga incluida, la Confederación Española de Asociaciones de Padres de Alumnos, CEAPA. Por lo visto más de 20 años de LOGSE y sus derivados no era suficiente; ha sido necesario que llegara al ministerio de educación alguien como Wert. España está a la cabeza entre los países europeos en fracaso escolar, pero se tendrá que admitir que ese logro no es producto de unos meses de gobierno. Y vaya por delante, por supuesto, que resulta bastante difícil hacerlo peor en menos tiempo que el actual ministro de educación, a quien no es nuestra intención defender ni mucho menos.

Según el informe anual Panorama de la Educación 2012 (Education at a Glance 2012), el porcentaje de jóvenes españoles entre 15 y 29 años que ni estudian ni trabajan, los “ninis”, es de 23,7%. A nadie que haya pisado un instituto de enseñanza secundaria en los últimos años le puede extrañar mucho. Mientras que en los niveles educativos de enseñanza infantil y primaria todo va bien, dicen, al empezar la secundaria empiezan también los problemas. Pero resulta que en primaria parece que basta hablar del 99,9% de alumnos escolarizados para darse por satisfechos mientras que en secundaria, aunque cada vez más cerca de convertirse en una gran guardería, todavía se mantiene cierto nivel de exigencia. Si efectivamente es así, ¿qué duda cabe entonces de que los problemas empiecen cuando hay que empezar a estudiar de verdad, a hacer los deberes todos los días, a esforzarse por entender y aprender? Cuando los alumnos promocionan de curso sí o sí, por la edad e independientemente de los objetivos alcanzados ¿cómo va haber problemas? La cosa cambia cuando se empieza a exigir, a preguntar, a pedir resultados y se comprueba que no se han alcanzado los objetivos propuestos.

A los chavales en este país llevan años engañándolos los “expertos” en educación, los pedagogos y psicólogos  con sus ideas de “pedagogía centrada en el niño”, “enseñar jugando”, “los exámenes son de derechas” y chorradas por el estilo. Pero que engañen a sus hijos no les ha parecido alarmante a muchos, quizás porque quien puede se lleva a sus hijos a un centro privado o privado-concertado, cuya época dorada comenzó a fraguarse con las leyes socialistas de conciertos educativos (LODE, 1985) justo antes de aprobar la LOGSE, no lo olvidemos. Al Sindicato de Estudiantes, que tan valientemente sale ahora en defensa de la educación pública, no les pareció alarmante una ley, la LOGSE, que no sólo permitía sino que fomentaba la promoción de curso con asignaturas suspensas, a veces con todas. Y lo que es peor aún, muchos siguen defendiendo esas mismas ideas en la misma ley con distinto nombre, la LOE, que consideran intocable. A esos mismos tampoco les pareció alarmante que la ley educativa que todavía defienden infravalore el conocimiento, desprecie el estudio, la memoria, las humanidades y tolere los malos modales en clase. No les alarmó tampoco que se abandonara la idea de una enseñanza exigente y rigurosa, que se trataran las muestras de pereza como patologías, que se intentara infantilizar a los jóvenes con ideas paternalistas como la de adaptar el sistema a cada uno de ellos y no al revés. No les pareció en peligro la enseñanza pública cuando se fomentó una igualdad forzada y rallando lo absurdo entre profesores y alumnos mientras se instauraba la “resolución de conflictos” entre “partes iguales”. Tampoco les alarman, por lo visto, las disposiciones y leyes que minan poco a poco, cuando no destrozan deliberadamente, el carácter público de la educación poniendo contra las cuerdas la figura del funcionario como ocurre con el nuevo reglamento de organización de centros andaluz (ROC), o cuando se potencia la figura del director como gerente de los centros al más puro estilo mercantil. Pero claro está, las políticas neoliberales siempre las llevan a cabo los otros.

Las universidades llevan años formando a las nuevas generaciones de maestros y profesores en las ideas de la “pedagogía moderna” como si fueran dogmas de fe. Últimamente están empeñados en implantarlas en la práctica aprovechando la confusión del nefasto Plan Bolonia. Es comprensible que los chavales no estudien si se está diciendo, como sucede, desde todos los foros posibles, los medios de comunicación, las películas y series en televisión, periódicos, revistas y entrevistas, que los conocimientos no son importantes, que hoy en día los conocimientos “caducan” rápidamente, que lo importante es “aprender a aprender” (como si con eso, sea lo que sea, estuviera todo dicho). ¿Cómo van a querer estudiar los chavales si escuchan y ven que a personas con estudios universitarios les hacen contratos de vergüenza con sueldos de vergüenza? ¿Cómo van a querer estudiar si ven y escuchan que para triunfar en nuestra sociedad lo importante es contar con un buen “padrino” antes que contar con una buena preparación? ¿Cómo van a querer estudiar si ven y escuchan que se hace cada vez más difícil culminar los estudios universitarios (master) porque ponen precios prohibitivos para la mayoría de la gente?

La reforma educativa que propone el PP no es ni mucho menos la que necesita nuestro sistema educativo. Pero mantener una ley más de 20 años con los resultados que estamos viendo es, más que un crimen, un genocidio, pues se está sacrificando una generación tras otra de jóvenes. Crisis Educativa sigue pidiendo, como hace años, un cambio radical del sistema educativo, lo que considera imprescindible si se quiere que la sangría que está padeciendo la enseñanza pública en España tenga fin.