Ficción y realidad

Un grupo de profesores de un instituto de enseñanza secundaria, asociados bajo el apelativo de PODRÍAMOS, y preocupados por asegurar el desarrollo de iniciativas democráticas en el entorno educativo, ha decidido apoyar y promover la organización de unas “votaciones” propuestas por la mesa de delegados de alumnos de los cursos de 2º y 3º de ESO. Estos alumnos desearían QUEMAR EL INSTITUTO, para lo que elevan la propuesta de recogida de votos en sus respectivas clases. Al resto de alumnos del Centro, es decir, a los restantes alumnos de 1º y 4º de ESO y a los de los grupos de 1º y de 2º de Bachillerato, esa idea les parece una barbaridad y defienden que, en todo caso, ellos también querrían poder participar en esas “votaciones” caso de que se llegaran a organizar, aunque no están de acuerdo.

El grupo de profesores PODRÍAMOS insiste en el derecho que ampara a los alumnos de 2º y 3º de ESO de expresar su voluntad mediante el ejercicio democrático de unas votaciones y no comparte la idea de que sean todos los alumnos del Centro los que participen en las votaciones, puesto que sólo los de 2º y 3º de ESO las han promovido. Ahora bien, para tranquilizar al resto de la comunidad educativa, dicen que se comprometen a defender el “NO” cuando se celebren dichas votaciones.

De la obra todavía inédita “La realidad sigue superando a la ficción”, de Pepe Gómez.

Abriendo los ojos (Sobre el derecho a la educación)

¿Por qué ese empeño en no enfrentarse directamente a los problemas que ocasionan los alumnos, mal llamados disruptivos, en clase? ¿Qué razón hay detrás de esa irresponsable omisión? Hace ya mucho tiempo que los docentes venimos soportando un bombardeo constante de “soluciones”, a cual más delirante, para los problemas de indisciplina. Desde las técnicas para la resolución de conflictos (¿), el recurso a otros profesionales como trabajadores sociales o psicólogos (con sus recomendaciones de charla entre pares alumno-profesor, de igual a igual), pasando por consejos varios como “captar” al líder o líderes del grupo o cambiar la metodología, así de fácil, o el programa del curso si hace falta. Nada menos. Cualquier cosa que se les ocurra a los “expertos” en educación menos enfrentarse a los alumnos díscolos y plantearles la sencilla disyuntiva de que o bien se comportan como el resto de sus compañeros, como se espera de unos estudiantes en clase, o bien serán expulsados temporalmente de clase o trasladados de centro educativo, por ejemplo.

No se nos escapa que estos planteamientos de andar con paños calientes provienen de unos determinados conceptos de lo que es y lo que debe ser la educación. Nacen con la LOGSE, la nefasta ley educativa del 90, y parten de la concepción del derecho a la educación plasmado en nuestra Constitución. En el Artículo 27 leemos: 1. Todos tienen derecho a la educación. (. . .); 5. Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación. (. . . ). Pero también en nuestra Constitución se habla del derecho que asiste a toda persona a la libertad (Art. 17), por ejemplo, y sin embargo sabemos que hay gente que acaba en prisión. Nadie se extraña de ello. El artículo correspondiente incluye una coletilla que explica los casos en los que ese derecho puede llegar a perderse “en los casos y en la forma previstos en la ley”.  Pues bien, pensamos que el derecho a la educación (hablamos de educación obligatoria), debería incluir igualmente una coletilla igual o parecida en la que se hiciera referencia a los casos en los que el propio derecho a la educación pudiera quedar en suspenso, bien temporalmente o no, y siempre según “lo previsto en la ley”, ¿por qué no?  Gran parte del deterioro de la educación que vivimos hace años nace de estas ideas, pues nada ayuda más a un alumno a comportarse en clase como le venga en gana que saber que el profesor de turno lo tiene que “aguantar” haga lo que haga pues, teóricamente al menos, no puede ni expulsarlo de clase un rato. ¿No se habla ahora tanto de reformar la Constitución? Pues se podría aprovechar el momento si se va hacer algún cambio en nuestra Magna Carta por el bien del sistema educativo.

España no la inventó Franco

Unas reflexiones a bote pronto. Porque se cansa uno de oír las consignas de turno. Porque hablamos de manipulación y mientras nos manipulan. Porque la corrección política no lleva billete de vuelta.

1 – España no la “inventó” Franco. Existe un conjunto enorme de prejuicios, especialmente entre los ciudadanos que se consideran de ideología progresista o de izquierdas, que hace que algunos proclamen con orgullo que no les importa si España desaparece como país y otros que buscan decididamente que esto ocurra. No existe otro país que sufra tanto desafecto por parte de sus propios ciudadanos.

2 – Mientras no se demuestre lo contrario España es un estado, un país, una nación; no es un estado “plurinacional” ni nada parecido, como no lo son Alemania, Italia, Francia o Polonia, por ejemplo. Las diferencias que existen entre unas partes del país y otras no son mayores que las que hay entre unas y otras partes de cualquiera de esos países, por ejemplo, y en cualquier caso, es mucho más lo que compartimos todos los españoles, les guste o no reconocerlo a algunos, que lo que nos diferencia y separa.

3 – No es “progresista” la idea de dividir el territorio en base a identidades históricas, culturales o lingüísticas. Recurrir a estas alturas a esencialismos identitarios es volver a siglos pasados, es algo obsoleto y retrógrado. Querer definir la ciudadanía según la pertenencia o no a una raza, cultura, hablar un idioma o el color de la piel está asociado claramente y desde hace mucho tiempo a posiciones ideológicas de corte totalitario y fascista.

4 – Ciertamente nuestra Constitución necesita una puesta al día, pero habrá que hacerla buscando el mayor consenso posible entre las distintas fuerzas políticas del país, de forma sosegada, disciplinada y meditada, y con vistas al bien general común de todos los ciudadanos, no según los intereses de unos cuantos.

5 – Cataluña jamás ha sido un país independiente; su historia está ligada al nacimiento de España con la unión de los reinos de Castilla y Aragón (entre otros). Cataluña goza de un gobierno autónomo desde hace más de 30 años; disfruta de unas competencias que no poseen muchos de los territorios con autogobierno de otros países. Ni ha sido ni es una colonia de ningún otro país. Sus ciudadanos no padecen ningún tipo de recortes en sus derechos y disfrutan de libertad, justicia, etc., ni más ni menos que el resto de los ciudadanos del país.

6 – No es cierto que Cataluña ceda al resto del país más de lo que recibe. La contribución a hacienda se hace, y así se debe contemplar, individualmente, considerando ciudadano a ciudadano, no los territorios. De hecho Cataluña es una de las regiones más ricas del país, por lo que no puede extrañar que la recaudación allí sea mayor  que en otras regiones de España.

7 – El derecho a decidir de los ciudadanos de Cataluña no puede conculcar el derecho a decidir del resto de ciudadanos de España. Llevando la situación al extremo en el que estuviera en juego la integridad de estado, no debe caber ninguna duda de que el derecho a decidir correspondería a todos los ciudadanos y no a unos cuantos. ¿Por qué habría que dejarse el futuro del país en manos de los ciudadanos de una parte de su territorio?

8 – La izquierda política se ha caracterizado históricamente por sus ideas democráticas, progresistas y de defensa de los derechos ciudadanos. Es ciertamente lamentable contemplar la pérdida de orientación de los partidos de izquierdas en nuestro país y su deriva hacia posiciones ideológicas que nunca han tenido cabida en un ideario con ese nombre.

9 – Lecturas recomendadas, entre otras:

* No te prives. Defensa de la ciudadanía,  de Fernando Savater. (2014)

* Contra Cromagnon. Nacionalismo, ciudadanía, democracia, de Félix Ovejero Lucas. (2006)

* El asedio a la modernidad, de Juan José Sebreli. (2013)