LOS PROFESORES DENUNCIAN PÚBLICAMENTE A LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA, POR ACOSO LABORAL, INTENTO DE SOBORNO E INDUCCIÓN A LA PREVARICACIÓN.
La publicación de la Orden de 20 de Febrero de 2008, por la que se regula el Programa de Calidad y Mejora de los Rendimientos Escolares en los Centros Públicos les ofrece un incentivo económico dependiendo de que se incrementen indicadores como los siguientes:
1) Porcentaje del alumnado de cada curso que promociona.
2) Porcentaje de alumnado que alcanza la titulación al finalizar la etapa educativa que ha cursado.
3) Porcentaje medio de alumnado matriculado en el curso que por edad le corresponde.
Y que se produzca una disminución en indicadores tales como:
4) Porcentaje de alumnado del centro que tiene más de un 20% de faltas de asistencia durante el curso escolar.
5) Porcentaje de alumnado que abandona las enseñanzas antes de finalizar el número de años de permanencia establecidos para las mismas, sin alcanzar la titulación.
6) Porcentaje de conductas contrarias a la convivencia que se registran en el centro, correspondientes al alumnado de ESO.
Al ofrecer un incentivo económico por mejorar, y no por mantener, indicadores como los anteriormente expuestos, se está desacreditando públicamente al profesorado ya que presupone que no ha hecho el esfuerzo necesario en su trabajo con anterioridad y que, ante la perspectiva del incentivo económico, va a poder conseguir mejores resultados. Hacemos notar que en la presente Orden no se plantea ninguna medida externa al desempeño de las funciones del profesorado que pueda ayudar a conseguir mejorar los indicadores anteriores.
La otra lectura posible es que, ya que no va a haber ningún control externo y objetivo de que el rendimiento académico de los alumnos mejore (las pruebas de diagnóstico las llevan a cabo y las corrigen los mismos profesores que aprueban o suspenden a los alumnos) o de que se den menos casos de alteración de la convivencia, los profesores pueden alcanzar esos objetivos falseando los resultados: rebajando el nivel de exigencia y pasando por alto las conductas contrarias a la convivencia. Siendo, en este caso, un intento de soborno a funcionarios públicos e, incluso, una inducción a la prevaricación. En cualquier caso, tratándose de un intento de soborno público, está atentando contra la dignidad del profesorado.
Por las mismas razones expuestas anteriormente, el planteamiento de la presente Orden es una crítica injustificada y manifiesta contra la forma en que realizan su trabajo los profesores.
La citada Orden manipula las condiciones de trabajo de los profesores:
– Les asigna las tareas de mejorar el rendimiento escolar de los alumnos y la calidad de la enseñanza sin proporcionar los medios adecuados para desempeñarlas, como serían un cambio racional del sistema educativo y los medios humanos y materiales necesarios para atender la gran disparidad de necesidades que presenta el alumnado.
– Fomenta las actividades administrativas (más papeleo y proyectos vacíos de contenido) que, además de ser monótonas y rutinarias y producir hastío y desmotivación en el profesorado, son del todo estériles para la consecución de objetivos escolares deseables.
Indicadores como los de reducir el absentismo escolar o las conductas contrarias a la convivencia en el Centro, los podrían mejorar los profesores si pudieran convertirse en una mezcla de psicólogos/ psiquiatras/ médicos/ animadores socioculturales/ trabajadores sociales y, ¿por qué no?, magos que conceden deseos (ya que todos hemos visto casos en los que la actuación conjunta de varios de los profesionales anteriormente citados no han dado el más mínimo resultado). Por ello, es evidente que pretenden asignar a los profesores tareas que están por encima de sus posibilidades.
Evidentemente, la publicación y no derogación de esta Orden supone que la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía no tiene en cuenta las opiniones de los profesores que se manifestaron masivamente en contra, tanto antes de su publicación como, posteriormente, en las votaciones de los claustros.
Por desgracia, esta Orden, es sólo una más de las actuaciones de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía que contribuyen al acoso al que se sienten sometidos muchos profesores:
– Declaraciones de autoridades educativas que desacreditan el trabajo de los profesores.
– Cuestionar las decisiones del profesorado modificando las notas o corrigiendo las sanciones aplicadas a algunos alumnos.
– Obligar a los profesores a realizar labores administrativas y de guardería del alumnado.
– Imponer objetivos que, en muchos casos, son imposibles de cumplir con un mínimo de dignidad, como la famosa “atención a la diversidad” en clases de 30 alumnos, o ignorar los condicionantes reales con los que se desarrolla la labor docente.
– Obligar a realizar tareas que en muchas ocasiones se convierten en peligrosas, como realizar las guardias de recreo.
De todo lo anterior se deduce el desprecio de las autoridades educativas a los Trabajadores de la Enseñanza Pública, con la connivencia de los Sindicatos colaboracionistas. Y, también, el desprecio a la misma Enseñanza Pública, a los alumnos y a los padres, evitando a toda costa la reflexión y el cambio necesario hacia un sistema de enseñanza racional.
POR UN CAMBIO RADICAL DEL SISTEMA EDUCATIVO
LA REVOLUCIÓN DE LA TIZA COMIENZA EN ANDALUCÍA
Crisis Educativa 
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